[Artículo publicado por el director de GASTRO
ARAGÓN en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, del viernes, 22 de julio]
La detención de varias personas esta semana, dedicadas a trapichear con alimentos congelados robados, es una buena noticia, dentro de lo malo. Porque significa que la policía en este caso, como la guardia civil, en otros están atentos ante las cadenas fraudulentas de comercio de alimentos, que no son tantas, pero existen. Ya que al delito de robo se une el peligro para las personas que pudieran consumir dichos productos, pues no se respetan las cadenas de frío, el transporte, etc., lo que viene denominándose trazabilidad.
Y si parece sensato que los implicados aparezcan solamente con sus iniciales, más tarde o más temprano deberíamos conocer los nombres de los restaurantes que se prestan a colaborar en estas prácticas. Si no hay quien compre, no habrá quien robe.
Los ciudadanos, buen remedio, nos fiamos de los controles de la administración. Entendemos que las periódicas inspecciones garantizan la salubridad de lo que ingerimos en establecimientos públicos –por más que algunas normas se antojen absurdas−, aunque siempre pueda haber excepciones. Pero casi nunca nos enteramos de los bares y restaurantes sancionados.
Si rápidamente supimos la marca de las alubias con botulismo, también nos gustaría saber quién ha ‘receptado’ los congelados hurtados. Para no ir.
Hace alguna década se lanzó una marca de ternera, Clara, que presumía de exigencia de calidad, publicitaba a sus productores, distribuidores y tiendas vendedoras, a la par que se comprometía a difundir a quien no cumpliera las estrictas normas de calidad. La marca pasó y jamás nadie se salió de las normas. ¿Seguro? ¿O no se contó?
No seamos hipócritas. Si alguien se pasa, y más en asuntos de salud pública, la presunción de inocencia está, al menos, a la misma altura que los derechos de los consumidores. Sepamos quien se salta la legalidad y, como ciudadanos consumidores, podremos obrar en consecuencia.
Que no compramos únicamente cada cuatro años.
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